José Granados Fernández
@JoseGranadosF

Después de la debacle generada por el millonario saqueo en la administración del exrector Ramsés Vargas Lamadrid, vuelve el descontento entre diferentes sectores de la Universidad Autónoma del Caribe: esta vez se da por el sistema de elección de la Sala General que quieren perpetuar en los nuevos estatutos que debe aprobar el Ministerio de Educación.

Emisora Atlántico y Zona Cero.com conocieron dos documentos en los que expresan reparos y cuestionamientos al sistema de cooptación que seguiría vigente para escoger a los integrantes de la criticada Sala General, el órgano de gobierno más importante de esta institución universitaria señalado de ser responsable, por acción o por omisión, de las crisis generadas en la época de Vargas Lamadrid y en la administración de la condenada exrectora Silvia Gette Ponce.

Uno de los documentos es un derecho de petición, del 18 de febrero pasado, dirigido a la Sala General, al Consejo Directivo y a la rectora Claudia Dacunha, en el que Asoprofesores, Asopadres, Asoegresados y el Sindicato de Uniautónoma, Sintrauac, piden que les permitan presentar, en consenso con otros estamentos de la universidad, un proyecto estatutario que recoja el sentir del acuerdo firmado el 8 de marzo de 2018, el que fueron garantes el Mineducación, la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital.

El acuerdo, que permitió levantar el cese de actividades cuando la rebelión y las protestas contra Ramsés Vargas y directivos cómplices, varios de ellos presos por petición de la Fiscalía General, plantea la necesidad de democratizar la Sala General para darle cabida a otros sectores universitario con el fin de evitar más descalabros administrativos y financieros por la concentración del poder en unas pocas personas.

“La propuesta estatutaria emanada por la Sala General y enviada por conducto de la Rectoría a todos los estamentos (…) no recoge el sentir ni el espíritu del acuerdo; antes por el contrario, es un retroceso a lo planteado por las partes por su carácter impositivo, que no corresponde a un sano ejercicio democrático y que perpetúa en el poder a directivos que la comunidad universitaria rechaza”, dice en el quinto punto el derecho de petición.

Insisten en que el espíritu y el propósito del citado acuerdo es “superar los vicios de los viejos órganos de gobierno” y, a su vez, “generar unas reglas de juego para garantizar la participación, la democracia y la legitimidad del proceso de mejoramiento y depuración de la institucionalidad”.

Al cuestionar los nuevos estatutos, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Zuleima Blanco; el presidente de la Asociación de Egresados, Ernesto Cantillo; la presidenta de Sintrauac, Nataly Álvarez; y el presidente de la Asociación de Profesores, Idelfonso Reátiga, piden que, en cumplimiento del acuerdo de 2018, les den un plazo hasta abril para elaborar una propuesta estatutaria que entregarán al Consejo Directivo, la Sala General y la Rectoría.

Dura carta de rechazo

Contra los nuevos estatutos, más dura aún es la carta que la Asociación de Profesores elaboró para enviar a la ministra de Educación, María Victoria Angulo. El documento, respaldado por más de 500 de firmas de estudiantes, profesores y trabajadores, rechaza de plano el sistema de escogencia de la Sala General.

La misiva señala que en la comunidad universitaria de la Autónoma se ha “fortalecido la convicción” de que “una de las causas más nocivas” que llevó a esta institución a la crisis de febrero de 2018 nació del Artículo 11 de los estatutos que redactó el exrector Vargas Lamadrid, preso en la Cárcel Distrital del Bosque.

Le recuerdan a la funcionaria nacional que el citado artículo, que hace parte del título segundo de los actuales estatutos referentes al gobierno, la dirección, el patrimonio y la organización de la Autónoma, tuvo en la cooptación “la piedra angular” de la arquitectura que “mantuvo en sus puestos de la Sala General a quienes, por acción u omisión, aprobaron los daños contra el patrimonio” institucional, hechos que llevaron a juicio a la exrectora Silvia Gette y cinco años después a quien la sucedió.

“La cooptación hacen de la Sala General una copia al carbón o clon de la Corporación, de allí que cuando se dice que para ser miembro de la Sala General se necesita ser miembro de la Corporación, equivale a decir que para ser miembro de la Corporación se necesita ser miembro de la Sala General. Es decir que 400 docentes, 10.000 estudiantes, 1.000 trabajadores y egresados de 100 cohortes se reducen a los 16 – 20 miembros de la Sala General que se eternizan allí de por vida”, cuestionan los firmantes de la carta dirigida a la ministra, y agregan que para seguir avanzando en el rescate de la universidad “es necesaria liberarla de esa nube gris de la cooptación, que ha hecho de la autonomía universitaria un burladero para saquearla”.

Que no lo aprueben

Le advierten a la ministra Angulo que pese a esas perversas experiencias sufridas por la comunidad universitaria de la Autónoma, los estatutos que la Sala General pretende radicar ante el Ministerio mantienen la cooptación como el sistema de escogencia para todo el sistema de gobierno, dirección académica, administrativa y financiare del alma mater.

Plantean que la Vigilancia Especial que el Ministerio de Educación ordenó en febrero de 2018 no tendría ningún efecto, si no se cambia el sistema de elección para formar parte de la Corporación por uno que le garantice su naturaleza jurídica de depositaria de la autonomía universitaria, integre a los diferentes estamentos (docentes, directivos académicos, administrativos, trabajadores, estudiantes y egresados) y haga de la Asamblea General de la nueva Corporación el órgano superior de gobierno de esta institución.

Tras informarle que están en un proceso de diálogo abierto y participativo para “buscar y proponer el mejor máximo órgano de gobierno” que represente a todos, los firmantes le piden a la ministra de Educación que si la Sala General insiste en mantener “la peligrosa figura de la cooptación” para elegir a sus futuros integrantes, se abstenga de aprobar esos nuevos estatutos hasta tanto no se incluya la propuesta que están elaborando los diferentes sectores de la comunidad universitaria.

Que saquen a directivos

Paralelo a estos cuestionamientos, al interior de la Uniautónoma crece el descontento porque consideran que lo que está haciendo la Sala General es una estrategia encabezada por directivos vinculados con Ramsés Vargas que han logrado aliarse con algunos de los nuevos integrantes. Por eso insisten en la salida del presidente Álvaro Cervantes, identificado como “cercano al exrector”; de la prima de este María Victoria Vargas; y de Ricardo Saavedra, hijo del directivo Orlando Saavedra, hoy con detención domiciliaria por solicitud de la Fiscalía General. También cuestionan la labor de los dirigentes sindicales que entraron a la Sala General, fracturando la directiva de Sintrauac, Freddy Álvarez Martínez, su suplente Helmut Morales y María Silvina Sosa, suplente de Arnulfo Ricco, gerente del Fondo de Empleado.

“Divide y reinarás, sigue siendo la estrategia para gobernar en nuestra universidad y eso hay que acabarlo”, dijo una de las fuentes consultadas para este informe.

El presidente Álvaro Cervantes habló con Emisora Atlántico y Zona Cero.com, pero manifestó que lo dicho no era una declaración oficial suya; la rectora Claudia Dacunha, como ha sucedido en los últimos meses, no respondió las preguntas formuladas a su wasap sobre el descontento existente.